
Ante el complejo escenario financiero que atraviesa la provincia, el Gobierno de Tucumán encendió las alarmas por el persistente retroceso en la llegada de fondos coparticipables. En este contexto, las autoridades locales aceleran las gestiones para mitigar el impacto fiscal y ultiman detalles para una reunión clave con funcionarios de la gestión libertaria. El objetivo central será plantear la necesidad de compensar las pérdidas proyectadas —que para Tucumán se estiman en $51.682 millones durante 2026 debido a los cambios impositivos previstos, tal cual lo anticipara Tendencia de Noticias días pasados— y regularizar las millonarias acreencias que la Nación mantiene con el distrito por incumplimientos en áreas como PAMI, ANSES y obras públicas.
En la mañana de este jueves, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad (foto inferior). El eje del encuentro fue el análisis del goteo de fondos federales y la estrategia que la provincia llevará a la Capital Federal la próxima semana.
Al término de la reunión, Abad confirmó el inicio de una agenda de gestiones presenciales: “Vine a informarle que la semana que viene vamos a realizar gestiones en Buenos Aires”. El funcionario explicó que el foco estará puesto en la retracción de los recursos que el Estado Nacional distribuye a las provincias, una problemática que hoy domina el debate político.

“Hoy está en todos los medios la caída de la coparticipación federal, y eso nos preocupa mucho. La provincia de Tucumán es acreedora de la Nación en muchos conceptos, y vamos a trabajar para ver de qué manera podemos sostener financieramente esta situación”, subrayó el titular de la cartera económica.
El consumo como termómetro fiscal
Para el equipo económico provincial, la explicación del fenómeno es multicausal, aunque el factor determinante es la parálisis de las ventas. “Cae la actividad económica, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Tucumán es una provincia que vive del consumo; al caer el consumo, cae el IVA y eso repercute directamente en la coparticipación federal”, argumentó Abad.
A este escenario se suma el impacto de otros tributos nacionales. El ministro advirtió que la recaudación de Bienes Personales y Ganancias también muestra signos de debilidad. Asimismo, expresó su inquietud por el impacto que podría tener el proyecto de modernización laboral que se debate en el Congreso: “Hay una preocupación adicional que hoy está en los medios, que es el proyecto de reforma laboral, donde se disminuiría el impuesto a las ganancias. En principio, eso también reduciría la coparticipación federal”.
El contexto nacional muestra un cambio de táctica por parte del gobierno de Javier Milei. Ante la imposibilidad de avanzar con una reforma tributaria integral este año, el oficialismo ha optado por incluir modificaciones impositivas específicas dentro de la reforma laboral. Esta estrategia busca sortear la resistencia de gobernadores como Osvaldo Jaldo, quienes se oponen a cualquier recorte que erosione sus ingresos en un momento de presión fiscal creciente.
En el caso de Tucumán, la situación es delicada: mientras los ingresos han variado apenas un 5,6% real interanual, el gasto se ha expandido un 25,5%, reduciendo el margen operativo de la provincia. Por ello, la reunión prevista para finales de enero entre Jaldo y el ministro del Interior, Diego Santilli, será trascendental. La provincia busca que la Nación reconozca la deuda acumulada de $120.000 millones y establezca un esquema de compensaciones ante la previsible pérdida de recursos coparticipables.
Finalmente, Abad se refirió a la dinámica de precios en la provincia, señalando que la inflación anual en Tucumán cerró en torno al 31%, una cifra que se alinea con los indicadores nacionales. No obstante, aclaró que la percepción del costo de vida varía según el peso de los componentes en la medición: “Estamos en los mismos niveles que la Nación. Lo que ocurre es que las canastas son distintas: en algunos casos prevalecen más los servicios y en otros los bienes”, concluyó, destacando que los servicios públicos fueron los rubros con mayores incrementos.